Ayer lunes 13 de abril de 2020, el Gobierno de Canadá anunció 50 millones de dólares para ayudar a los agricultores, pescadores y todos los empleadores de la producción y elaboración de alimentos a establecer las medidas necesarias para cumplir el período de aislamiento obligatorio de 14 días que se exige a todos los trabajadores que llegan del extranjero por el brote de coronavirus en Canadá.
La protección de la salud y la seguridad de los canadienses es claramente la máxima prioridad en la gestión del COVID-19, por lo que el Gobierno de Canadá está colaborando muy estrechamente con las provincias, los territorios y las partes interesadas para mantener la solidez de la cadena de suministro de alimentos de Canadá. Antes de la pandemia, el sector alimentario ya se enfrentaba a una importante escasez de mano de obra y se prevé que habrá aún más puestos de trabajo por cubrir, que requerirán una variedad de aptitudes.
En muchas regiones de Canadá, la producción de una variedad de alimentos de calidad que se venden a precios accesibles depende de las contribuciones de trabajadores extranjeros temporales desde la temporada de siembra hasta la cosecha, en particular de frutas y verduras frescas. Las plantas de procesamiento de pescado, mariscos y carne también dependen de la incorporación de estos trabajadores.
Esta es una razón importante por la que el Gobierno de Canadá concedió una exención a los trabajadores extranjeros temporales de las restricciones de viaje a Canadá, junto con otros extranjeros con visados de estudiante y de trabajo, siempre que se atengan a un estricto protocolo de aislamiento de 14 días a su llegada.
Las normas del período de aislamiento obligatorio por el coronavirus en Canadá se han definido claramente y se han distribuido a los empleadores, que a su vez se comprometen a proteger la salud de sus comunidades y sus trabajadores. Las autoridades gubernamentales seguirán comunicándose y participando proactivamente con los empleadores, los países de origen y otros interesados en los requisitos de salud pública. Quienes no cumplan la Ley de Cuarentena o el protocolo de aislamiento se enfrentarán a severas multas y sanciones. Bajo los cambios propuestos, los empleadores también podrían enfrentarse a sanciones, y a una posible prohibición del programa, si impiden la adhesión a la orden de autoaislamiento.
