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La columna de esta semana, tal y como lo he hecho frente a las festividades de Navidad y Año Nuevo todos los años desde hace ya más de una década, va dirigida a todas aquellas personas de nuestra comunidad que por diversas razones viven de forma indocumentada en el país, así como también a los residentes permanentes que han tenido problemas legales y han sido condenados a prisión por más de seis meses. Es un recordatorio de lo que no es recomendable hacer en esta época particular del año.
Estamos ya prácticamente dentro de las festividades de Navidad y Año Nuevo y, como es tradición también, las autoridades policiales lanzaron su acostumbrada campaña propia de estas festividades conocida como RAID (Report All Impaired Drivers):
- Mediante esta campaña buscan reducir el número de accidentes de tránsito que suceden en la provincia y que son producidos por conductores ebrios.
Definitivamente ésta es una campaña muy positiva para la ciudadanía en general dado que ayuda a que las calles de la ciudad sean más seguras para conducir. Sin embargo, podría ser una campaña bastante inconveniente para aquellas personas que viven en el país sin tener un estatus legal, y particularmente para quienes hay una orden de arresto por parte del Departamento de Inmigración.
Durante las fiestas de fin de año generalmente todo mundo se relaja y disfruta de las festividades, pero son fechas en las que también, lamentablemente, las personas que no tienen estatus legal y las personas que no son ciudadanas y han tenido problemas con la policía, deben estar más alerta que de costumbre, particularmente este año por dos razones:
- Se acaba de aprobar la Ley C-46 que entra en vigor el 19 de diciembre, 2018 la cual permite legalmente a la policía exigir una muestra de aliento obligatoria a cualquier conductor que detengan, no sólo si sospechan que ha estado bebiendo y que puede llevar a un indocumentado o a un residente permanente a ser deportado por criminalidad seria.
- Adicionalmente, el Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias, Ralph Goodale, estableció una cuota de 10 mil personas a remover para marzo del 2019, con la cual pretende un incremento del 35% en las remociones. El incremento en la cuota va acompañado de $7.46 millones de dólares adicionales entregados a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA) para asegurarse de que se remuevan del país las personas que ya no tienen posibilidades de continuar su proceso en Canada.